El 31 de agosto se celebra el Día del Régimen Municipal. Un día que se supone común y corriente en la gran mayoría de las agendas ciudadanas, salvo por el inconveniente de que las municipalidades –no todas por cierto- están cerradas a causa de los festejos que se organizan a lo interno de los Gobiernos Locales.

Las y los ciudadanos de nuestro país no han podido dimensionar la transformación social que supone la existencia de un régimen municipal en Costa Rica, esto se debe en principio porque el Gobierno Central ha sido tardo en trasladar competencias a los Gobiernos Locales al tiempo que les impone una enorme cantidad de requisitos para administrar los pocos recursos con los que cuentan.

Por otro lado; los procesos de ajuste estructural del Estado Costarricense se dan en el marco de una plataforma ideológica distinta de la que existía en 1970 (año en que surgen las municipalidades -Gobierno social demócrata de Figueres Ferrer-) y en los mismos, el objetivo fundamental es la reducción del aparato estatal en beneficio de la iniciativa privada. La baja experticia de los gobernantes en la década de los ochenta y noventa –de manera conjunta con las denuncias por corrupción-, dan por resultado un Estado Central débil ante los tratados de libre comercio con naciones abiertamente liberales; en lo que a explotación de recursos locales supone. Las taras manifestadas en los procesos de ajuste y las contradicciones propias de la planificación centralizada postergan la agenda de descentralización y acrecientan las diferencias entre los niveles de desarrollo entre cantones, regiones y territorios del país; sin que las municipalidades puedan hacer frente a esa problemática de manera efectiva.

Ahora bien, tampoco la división territorial de nuestro país es la correcta, a pesar de los sentimientos tribales y regionalistas que se perciben en ciertos ámbitos, es claro que debe ser un error la existencia de mega cantones como Sarapiquí al lado de mini cantones como San Pablo en la Provincia de Heredia, por ejemplo. Luego, el mismo concepto de división territorial denominado “provincia”, es más que falaz, ya que las mismas Instituciones estatales asumen sus propias divisiones territoriales, tal como: Región Brunca, Huetar, Huetar Norte, entre otras.

Se suma a esto las iniciativas intermunicipales impulsadas por la Comunidad Económica Europea de las Federaciones, donde se agregan y disgregan territorios de acuerdo con indicadores propios de esas estructuras.

En el sistema cantonal que tenemos actualmente, se destaca el bajo desarrollo de cantones como Corredores y Talamanca contra la casi opulencia de Belén y Escazú. Encontramos un cantón como Alajuelita al que se le impone un crecimiento de 50 a 250 mil habitantes en un período de tiempo muy corto, lo cual hace colapsar la prestación de servicios, aunado a eso este poblamiento es de personas con bajos ingresos y las infraestructuras habitacionales son de inadecuadas hasta apenas adecuadas. Al momento actual, el Estado no ha sabido responder ante esta contradicción que le sosiega la efervescencia social en el Distrito de Pavas y se la traslada a Los Guido, Los Cuadros y el componente migración – riesgo social que se da en La Carpio.

Hay una tremenda dosis de absurdo en el evento del traslado de competencias a los Gobiernos Locales, en principio; por la incapacidad de los propios Gobiernos Locales de generar gobernabilidad, el cual es además un problema sistémico del país. Dado que la formación de los lideres “municipalistas” se da en las entrañas de estructuras políticas centralistas en donde lo local está supeditado y carente de valor. Lo cual es volver a la trillada pero válida imagen de la municipalidad como peldaño político.

El absurdo se traslada hacia una división territorial del país que no obedece a la realidad de las necesidades y potencialidades sino a variables históricas poco relacionadas con verdaderos procesos planificados. Y a un Gobierno Central que no puede ni quiere ceder en donde ya ha podido y cedido ante la iniciativa privada.

Es por eso que debemos ver el Régimen Municipal –valga decir; la idea del régimen municipal y no, el manoseado cúmulo de leyes y reglamentos actuales- como una herramienta para proponer un cambio posible. Territorios donde gobernar sea posible, es decir; donde haya gobernabilidad real y no solo buenas intenciones. Territorios con igualdad real de oportunidades, con respeto y acorde a culturas e idiosincrasias.

El 31 de agosto, debemos celebrar la posibilidad de proponer un cambio desde lo local. El Régimen Municipal debe nacer desde las necesidades de la gobernabilidad local y no desde el control central.